Los autores, revisores y editores deben declarar cualquier posible conflicto de interés que pueda influir, o ser percibido como influyente, en la integridad, objetividad o interpretación del trabajo académico y del proceso editorial.

Los conflictos de interés pueden ser de naturaleza financiera, institucional, profesional o personal. Estos incluyen, entre otros, relaciones económicas con entidades públicas o privadas, afiliaciones institucionales, participación en organizaciones o comunidades con intereses directos en el tema del manuscrito, o cualquier otra situación que pueda generar sesgo en el proceso de evaluación o decisión editorial.

Los autores deben declarar explícitamente la existencia o ausencia de conflictos de interés al momento del envío del manuscrito.

Los revisores y editores deben abstenerse de participar en el proceso de evaluación o toma de decisiones editoriales cuando exista un conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad.